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Polémica por costo de las PASO: saldrán $ 2.800 millones pero casi no definirán candidatos

La mayoría de las fuerzas políticas evita seleccionar postulantes en las primarias; sin embargo, el Estado está obligado a hacer un vasto despliegue

En este año electoral, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) serán un simple formalismo: casi ninguna fuerza política celebrará elecciones y sus candidatos a legisladores nacionales se medirán directamente en la compulsa general de octubre. Aún así, el Estado está obligado a cumplir con la ley y, por tal razón, destinará 2800 millones de pesos para todo el despliegue electoral del 13 de agosto próximo.

Así lo confirmó el Ministerio del Interior y Obras Públicas. De ese monto, 81 millones de pesos se repartirán entre las fuerzas políticas en concepto de aportes de campaña. El costo total de las dos elecciones (las primarias y las generales) será de 5100 millones de pesos, añadieron las fuentes.

De las provincias más importantes del país, sólo el Partido Justicialista en Buenos Aires y en Santa Fe, y posiblemente la alianza Cambiemos en Santa Fe celebrarían primarias en agosto.

El tablero electoral se confirmará el miércoles próximo, fecha límite para que los partidos políticos presenten la nómina de sus candidatos. Pero está claro que ni el presidente Mauricio Macri, el principal referente de Cambiemos, ni su antecesora Cristina Kirchner, su contracara de la oposición, quieren disputas internas dentro de sus respectivos espacios, lo que explica la apatía generalizada.

Las PASO quedarán así reducidas a una gran encuesta nacional previo a la “competencia real” que se disputará en las elecciones generales de octubre.

Esto abre el debate sobre la verdadera utilidad de la ley en un país como la Argentina, donde los espacios políticos frecuentemente buscan eludir la compulsa interna. Vale recordar que nuestro país del mundo en que las primarias son obligatorias para todos los ciudadanos.

Las opiniones están encontradas. El politólogo Marcelo Leiras es partidario de las primarias porque permiten que los candidatos compitan, que la gente participe y, sobre todo, que la agrupación política vencedora se muestre fortalecida, máxime si tiene el desafío de gobernar.

“Los partidos políticos necesitan una regla que posibilite competir a todos los que desean hacerlo y las PASO resuelven ese problema. Sin embargo, desde 1983 las conducciones políticas se han rehusado casi siempre a la competencia -sostuvo el politólogo durante una entrevista en el programa 50 minutos, de LN+. En realidad, en 2013 y en 2015 hubo primarias más competitivas, pero este progreso parece ahora haberse revertido.”

El diputado Maurice Closs (Frente para la Victoria) es, en cambio, partidario de derogar las PASO.

“No sirven para nada. Sirven para gastar plata. Y mucha. Imprimir padrones, desplegar urnas, brindar seguridad al comicio, darle herramientas a la Justicia Electoral y pagarle la campaña a los partidos y frentes electorales”, advirtió Closs.

“En todo el país la gran mayoría de los espacios evita este año las internas. Hoy, con el bipartidismo destruido y los sellos partidarios devaluados, ni siquiera la pertenencia a la UCR o al PJ obliga a una interna. De manera teórica la idea es buena, pero toda ley, y más aún aquellas que regulan la política, deben tener una lógica relación con la idiosincrasia de un país”, enfatizó el legislador y ex gobernador de Misiones.

Todo sigue igual

Si se profundiza aún más el análisis, estas elecciones legislativas no sólo revelan el problema del formalismo en que devinieron las primarias. Tambien desnudan que, pese a todas las promesas de campaña, estas elecciones legislativas no incorporan, por ahora, ninguna innovación en materia de transparencia ni celeridad.

En efecto, tanto en agosto como en octubre próximos los ciudadanos votarán con la tradicional (y polémica) boleta de papel; incluso en la Capital, pese a que la experiencia con la boleta electrónica en 2015 resultó exitosa. El año pasado, el gobierno de Macri intentó modificar la ley electoral con el propósito de introducir la tecnología en el sufragio, pero el peronismo en el Senado frenó el proyecto en seco.

La disputa política entre las dos posiciones extremas impidió explorar la vía intermedia que impulsaban distintas ONG y la justicia electoral, la boleta única de papel. Un instrumento que probó ser exitoso en Córdoba y Santa Fe en materia de celeridad y control.

El escrutinio provisional, tantas veces cuestionado por las demoras y la falta de transparencia, tampoco tendrá novedades. Y todo indica que la española Indra se quedará con el negocio, aunque sugestivamente por menos presupuesto (de lo que se informa aparte).

Tampoco se introducirían cambios sustanciales en una cuestión tan espinosa como el financiamiento de los partidos políticos. El Gobierno recién presentará al Congreso un nuevo proyecto de ley después de los comicios de octubre, por lo que seguirán vigentes los resquicios que hoy ofrece la norma para que los partidos políticos dibujen sus balances y disfracen a sus verdaderos aportantes de campaña.

Para peor, no está previsto por ahora ampliar el cuerpo de peritos auditores de la Cámara Nacional Electoral, encargado de controlar las presentaciones de los partidos políticos. “Hoy contamos con sólo 8 auditores para controlar a 622 agrupaciones partidarias y miles de informes de campaña. Estamos desbordados”, advirtió un importante funcionario de la justicia electoral.

Según pudo saber LA NACION, el Gobierno evalúa emitir un decreto en los próximos días para regular el financiamiento de los partidos políticos de este año. No se trataría de reformas sustanciales, pues la Constitución Nacional le impide al Poder Ejecutivo emitir decretos en materia electoral. No obstante, tomaría algunas de las recomendaciones que la Fundación Cippec le elevó hace unos días al jefe de Gabinete, Marcos Peña; al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y al jefe de asesores del Presidente, José Torello.

Esas recomendaciones se concentran en cuatro puntos clave: uno, mejorar la trazabilidad de los fondos que reciben y gastan los partidos y alianzas; dos, responsabilizar a las alianzas aumentando los controles sobre los encargados de la administración financiera de las agrupaciones políticas; tres, reducir la discrecionalidad en la asignación de subsidios para el financiamiento político y, cuatro, facilitar el acceso a los informes de campaña.

Fuente:La Nación