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economía - page 83

Dinero electrónico: por hora ya se hacen 8.200 transferencias y llega el nuevo CBU

Es por la masificación del home banking y la banca móvil. Se hacen casi 6 millones de operaciones por mes, el doble que en 2014. La gente las prefiere por comodidad y seguridad.

El avance de los teléfonos inteligentes y de las plataformas digitales no sólo revolucionaron la forma de comunicarse de los argentinos. También están transformando las maneras de intercambiar dinero. En esta nueva etapa, con el “cash” en pleno retroceso, el medio de pago que más avanza en la vida cotidiana son las transferencias inmediatas y gratuitas de cuenta a cuenta. Operaciones que la semana que viene se volverán más simples al llegar el “CBU Alias”.

Estadísticas del Banco Central (BCRA) marcan un crecimiento sostenido. Tomando el último dato disponible, en octubre los usuarios particulares -sin contar empresas- hicieron 5,9 millones de transferencias inmediatas, a un promedio de 196.826 por día o de 8.201 por hora. Ese ritmo récord más que duplica el registrado en el primer semestre de 2014, cuando el promedio apenas superaba las 3.900 por hora en todo el país.

Otro dato es que de enero a octubre se hicieron más de 52 millones de estas operaciones, que pueden iniciarse gratis a toda hora desde la computadora, desde cualquier cajero automático o desde el smartphone. Se hizo un 29,6% más de transferencias que en igual período de 2015 y 71,3% más que dos años atrás. También los montos crecen: como empiezan a usarse para grandes pagos, el promedio por transferencia ya es de $ 8.869.

“Se observa un crecimiento en las transferencias inmediatas, tanto en cantidades como en valores, notoriamente superior al resto de los medios de pago alternativos al efectivo”, concluyó el BCRA en un informe reciente, publicado el mes pasado. Y luego anticipó que “la migración hacia un uso mayor de las transferencias inmediatas electrónicas en la economía se profundizará” en los próximos meses.

El alquiler, las expensas, la cuota del colegio, el garaje y reservas de alojamientos y paquetes turísticos son sólo algunos pagos que se volvió común realizar con transferencias inmediatas. También se usan para dar mensualidades a los hijos, mandar dinero a familiares que viven lejos y juntar plata entre varios para hacer regalos. Los movimientos entre cuentas también avanzan para pagar servicios en el hogar (como los de plomeros, gasistas, pintores) e incluso para comprar bienes de muy alto valor, como motos y autos.

“El servicio se elige cada vez más porque resulta ágil, sencillo y seguro, con accesibilidad todos los días las 24 horas. A su vez, el ingreso de los millennials al mercado laboral y su consiguiente bancarización influye en el crecimiento”, comentaron en el Banco Macro, donde el promedio mensual de transferencias creció 36% en el último año. “Las causas son las simplicidad, la inmediatez y que el producto ya está más difundido”, coincidieron en un banco extranjero, donde el crecimiento fue similar.

Para Ariel Setton, economista especializado en medios de pago e inclusión financiera, “el mundo entero, Argentina incluida, avanza hacia una mayor bancarización de las transacciones” que hoy beneficia a las transferencias. “Hoy compiten incluso con los sitios de pagos de servicios y con las redes de pagos en efectivo. La gente las adopta porque son muy simples, gratuitas, mucho más seguras que el efectivo y se pueden hacer en todo momento y lugar. Además, al comprar, permiten no ‘comerse’ el límite de compra la tarjeta de crédito”.

Las transferencias avanzan sobre el efectivo y en especial sobre el cheque, que poco a poco se encamina a perder su reinado. Si en 2013 el 50% de los pagos electrónicos se hacían con cheques, hoy ya son un 35%. Mientras, las transferencias hoy representan un 27% del total de operaciones, frente al 16% de hace tres años. Otro 31% de los movimientos de fondos pertenece a débitos directos y el 7% restante, a transferencias no inmediatas.

Un síntoma del fenómeno es que sólo en el último año se cursaron con cheques 3,1 millones de pagos menos. Cada 100 transferencias inmediatas se hacían unos 318 cheques a inicios del 2014, y hoy son sólo 141. Una de las claves, quizás, esté en que transfiriendo el dinero el usuario evita que le cobren el llamado “impuesto al cheque”.

El auge de las transferencias acompaña el de la bancarización. En lo que va de este año se abrieron 2,3 millones de cajas de ahorro nuevas en la Argentina, y unas 7,1 millones desde fines de 2014: ya son casi 41 millones, según el Central.

Además, un relevamiento reciente de la firma especializada en banca electrónica VeriTran mostró que en el país 6 millones de usuarios ya hacen operaciones bancarias por home banking (desde la PC) y unos 3 millones operan en su celular, cifra que tuvo un crecimiento del 100% desde 2015.

A esto el Banco Central le sumó la obligatoriedad, desde el 1 de abril de este año, de que todas las transferencias sean gratuitas para los usuarios sin importar el monto (antes tenían cargo desde $ 50.000). Y en agosto habilitó las “billeteras virtuales” de Pago Electrónico Inmediato (PEI), que permiten mandarles plata fácilmente a los contactos del celular, como si fuera un “WhatsApp” para enviar y recibir dinero.

Las transferencias, finalmente, tendrán un nuevo y gran impulso a partir de la semana que viene. Y es que el viernes 16 de diciembre vence el plazo impuesto por el BCRA para que todos bancos incorporen en sus plataformas electrónicas el “CBU Alias”. Con este nuevo régimen, para recibir una transferencia, bastará con pasarle a quien paga un nombre de cuenta corto y alfanumérico (“marcosgarcia1”, por ejemplo), en vez de la tediosa clave de 22 cifras hoy vigente (ver aparte).

En la actualidad, el 69,5% de las transferencias inmediatas se hacen en la PC y otro 21,9% en cajeros automáticos, dice el BCRA. Las que se inician en el celular todavía son el 5,1%, pero tuvieron un crecimiento del 98% en el último año. Ese número, se prevé, aún está lejos de su techo.

Macri agita el “costo” fiscal del veto para frenar ley de Ganancias en Senado

Aviso a gobernadores: perderán $30 mil millones de recaudación y peligra restitución del 15% de la coparticipación. Decreto a medida para alinear al peronismo.

“Perderemos todos, pero los gobernadores van a perder aún más”. La sentencia emitida por un funcionario nacional de línea directa con Mauricio Macri ya fue comunicada a los mandatarios provinciales del PJ. Si el Senado convierte en ley la modificación al Impuesto a las Ganancias acordada entre Sergio Massa y el kirchnerismo, un eventual veto presidencial tendrá efectos políticos y económicos adversos para todos y todas.

Anoche fueron citados los gobernadores para hacer pública su postura en el Senado el próximo martes. Ese mismo día, a las 19.30, habrá reunión de labor parlamentaria para definir si se trata el proyecto sancionado en Diputados sobre tablas. Sólo se habilitará la votación si hay un acuerdo superior a los dos tercios de los 72 senadores nacionales para reformar la iniciativa y devolverla a Diputados.

El Gobierno nacional volvió a resbalar en su estrategia, esta vez, a través de Gabriela Michetti. La titular de la Cámara alta adelantó que Macri vetaría la ley en caso de ser aprobada por el Senado. La vicepresidente le hizo el trabajo fácil al peronismo. Mientras la Casa Rosada trabaja en un operativo de eventual asfixia financiera y presión política para que los gobernadores eviten la conversión en ley del proyecto Sergio Massa-Axel Kicillof-Diego Bossio, la vicepresidente le adelanta el final de la película al peronismo. Los gobernadores sintieron alivio al enterarse, vía Michetti, de que el Presidente vetaría la ley. ¿Para qué evitar el costo político de un veto ya decidido de antemano? ¿Qué mejor que apoyar una ley que da rédito electoral porque aumenta el salario de bolsillo y, encima, esta destinada a un veto de Macri?

Hay un aspecto clave: los presupuestos provinciales ya fueron votados por las respectivas Legislaturas y tienen estimaciones de recaudación y partidas afectadas que, de aprobarse el proyecto en el Senado, nunca ingresarán a las arcas de los Gobernadores. Además, en base al pacto Fiscal, la Nación todavía tiene pendientes los tramos de devolución del 15% de la coparticipación federal, unos 90 mil millones de pesos. Este cóctel, combinado con la posibilidad de un veto parcial de la ley, no total, se convertiría en una pesadilla financiera para las provincias, no sólo para la Casa Rosada. El Presidente tiene la potestad de vetar parcialmente una ley. Es decir que podría dejar en pie los impuestos a la minería y el aumento de los gravámenes al juego que afectan directamente a los gobiernos distritales. Un veto quirúrgico para que los peronismos provinciales paguen el costo del acuerdo entre Massa y el kirchnerismo.

El veto no le saldría gratis al peronismo. El Poder Ejecutivo Nacional esta vez no pide compromisos. Simplemente ya le adelantó a los gobernadores que el costo fiscal para las provincias equivaldría a cuatros meses extra de pérdida de fondos de la coparticipación federal, otros $30 mil millones más allá de la eventual restitución del 15%. El veto parcial iría acompañado con un decreto correctivo de las escalas y el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para inyectar más dinero en los salarios 2017, año electoral. También habrá mejora para los monotributistas.

El camino del veto parcial podría terminar complicando más a las provincias que la actual sanción de Diputados. Massa podría convertirse en el verdugo de la liga de gobernadores si la lapicera de Macri altera la ley vía veto y decreto complementario, en caso de aprobarse en el Senado. No sería la primera vez que un decreto de Macri modifique el contenido de una ley. El Presidente viene de retocar la ley de blanqueo para que familiares de funcionarios puedan regularizar bienes adquiridos antes del ingreso de sus parientes al cuerpo del Estado. Desde la ciudad de Alta Gracia el Presidente expresó su confianza en que el martes en la Cámara alta, el jefe del Frente para la Victoria-PJ, Miguel Angel Pichetto, “conduzca el bloque peronista”.

Macri podría vetar los cambios en Ganancias si el Senado sanciona la ley

El Gobierno confía en que el proyecto tenga cambios en la Cámara Alta y vuelva a Diputados. Cuál es el costo adicional de la iniciativa aprobada por la oposición.

La oposición se unió en el Congreso y le dio un duro golpe al Gobierno, con un tema clave y muy sensible como los esperados cambios en el Impuesto a las Ganancias, en el cierre de la actividad parlamentaria, en sesiones extraordinarias, y de cara a un año electoral. Hace más de diez años que no hay modificaciones de peso en el gravamen, y el propio presidente Mauricio Macri había prometido que eliminaría el tributo para los trabajadores, algo que no pudo cumplir.

Como si esto fuera poco las modificaciones impactan de lleno en las provincias, ya que lo recaudado se coparticipa en un 50% entre la Nación y las provincias. El oficialismo esperaba el respaldo de los gobernadores pero no lo consiguió, a pesar del esquema que les envió la Casa Rosada sobre lo que dejarían de recaudar si se aprobaba el proyecto de Sergio Massa.

El Frente Renovador de Massa, el PJ no K, el Frente para la Victoria y el Frente Amplio Progresista (que incluye al GEN, al Socialismo y a Libres del Sur) se unieron en Diputados para consensuar un proyecto en común, ya que ninguno de los cuatro dictámenes (entre ellos, el del oficialismo) reunía los 129 votos necesarios para avanzar en la cámara baja.

El proyecto consensuado fue aprobado por 140 votos afirmativos, 86 negativos y 7 abstenciones y establece cambios más profundos que los propuestos por el oficialismo. El costo fiscal que genera es mucho mayor que el de Cambiemos: $ 32 mil millones más que los previstos por la iniciativa oficial. El proyecto aprobado por la Cámara baja pasa ahora al Senado, donde el oficialismo espera que sufra cambios y, en consecuencia, deba volver a Diputados antes de ser sancionado.

Desde la AFIP y el ministerio de Hacienda -dos organismos que analizaron en detalle el proyecto oficial, antes de fuera presentado en el Congreso- le adelantaron a Macri que la iniciativa aprobada por la oposición representa “una montaña de plata” que el Estado no está en condiciones de financiar, de acuerdo a Clarín. Con este escenario el Presidente no descarta la posibilidad de vetar la ley, en el caso de que fuera sancionada tal como está por el Senado, más allá del costo político que tendría esta medida.

Con esta iniciativa el aguinaldo, las horas extra y los viáticos quedan excluidos del pago del impuesto. Tampoco pagarán Ganancias los jubilados, salvo los de privilegio. Además se podrían deducir los alquileres, hijos discapacitados y aquellos menores que estén estudiando. La iniciativa eleva en un 36% el mínimo no imponible desde 2017 (contra el 15% propuesto por el Gobierno).

El piso a partir del que se empieza tributar será de $ 33.500 para los solteros y de $ 44 mil para los casados con dos hijos, siempre tomando los sueldos brutos. Habría además actualización automática de acuerdo a la variación salarial y ampliación de escalas, con alícuotas del 2 al 35%.

Según el diputado del Frente Renovador Marco Lavagna el costo fiscal del proyecto es $ 65 mil millones: $ 27 mil millones ya figuran en el Presupuesto y el resto serían recuperados con nuevos impuestos. Además se decidió -en línea con lo planteado por el Gobierno- que los jueces que asuman a partir del año que viene queden alcanzados por el impuesto, aunque el tributo no afectaría a los empleados del Poder Judicial.

El proyecto aprobado tiene un costo adicional de $ 32.000 millones, a los $ 30.000 millones ya previstos por el oficialismo, que habían sido consensuados con los gobernadores. Para compensar este fuerte déficit, la iniciativa crea un nuevo impuesto a las tragamonedas y las apuestas online para recaudar unos $ 2.700 millones y restablece las retenciones a las mineras -eliminadas por Macri-, para recaudar otros $ 5 mil millones. Además grava los plazos fijos mayores a $ 1.500.000, reparto de dividendos, el dólar futuro e inmuebles improductivos.

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